El Gobierno de Canarias ha aprobado un protocolo –publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias– que defiende el interés general del menor y trata de acabar con el «desorden» que ha habido en los procesos de acogida de los menores inmigrantes no acompañados que llegan al archipiélago.
Este protocolo, que desarrolla el estatal de 2014 y es vinculante para trabajadores públicos y ONG, emana del acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado dos de septiembre en el que se advertía de la emergencia migratoria «agravada» en las islas al haber sido «agotados» todos los medios materiales personales de acogida.
La resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, recogida por Europa Press, pretende garantizar el cumplimiento de los requisitos previos de identificación y de documentación que debe acompañar al menor de manera individualizada en el momento de su entrega y recepción por los servicios de acogida que dependen de la Comunidad Autónoma, y establecer asimismo un debido control previo de su administración para evitar la situación de ingreso sin plaza.
El Ejecutivo canario asume el cierto «desorden» que se ha producido por el aumento en las llegadas de cayucos y pateras en el momento en el que la Policía Nacional entrega al menor a personal de las entidades acompañando un listado o acta sin que medie un control directo de la administración autonómica ni resolución administrativa individualizada de ubicación o asignación del menor por parte del Estado a Canarias ni tampoco decreto del Ministerio Fiscal de puesta a disposición del menor.
De hecho, precisa el Gobierno, «no resulta posible identificar» correctamente a cada menor puesto que en la entrega grupal no aparece la fotografía de reseña que lo relacione con su nombre y su debida identificación y trazabilidad «está en riesgo», con la consiguiente «confusión de identidades entre menores», como ya ha ocurrido.
Asimismo entiende el Gobierno que es «muy relevante» que se aporten las circunstancias de tiempo y lugar en que el Estado halló al menor –salvamento en el mar, llegada a puerto o playa, localización en algún sitio– y que se haga una entrevista individualizada y con conocimiento del Ministerio Fiscal.
Grandes debilidades del sistema
El Ejecutivo resalta también que esta «nueva crisis» migratoria en Canarias «está demostrando las grandes debilidades del sistema, que exigen acometer la protocolización de las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades colaboradoras de acogida y protección de menores».
Así, se requerirá su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal.
Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por la Comunidad Autónoma que entreguen los funcionarios del Estado será hecha en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.