Esta semana el gobierno de Joe Biden otra vez restableció sanciones parciales a la industria venezolana del petróleo y el gas natural, como respuesta a las reiteradas violaciones a los derechos políticos de la oposición en un año crucial de elecciones también en Estados Unidos.
El régimen de Nicolás Maduro califica a estas sanciones como un «bloqueo económico» y un ataque externo auspiciado por la oposición a un régimen que gobierna con mano dura en Venezuela desde hace 25 años.
En las últimas semanas, un intenso lobby internacional y dentro de Venezuela intentó evitar que regresaran estas medidas que fueron in crescendo durante varias administraciones en Estados Unidos.
Las sanciones han terminado fortaleciendo al chavismo, pues las usa como excusa adicional para perseguir a la oposición y como propaganda para pretender justificar la larga crisis económica y social del que fuera uno de los países más ricos de la América Latina.
Pero las sanciones «no son las causantes del colapso económico venezolano, ni mucho menos, aunque lo aceleraron», resumía el economista y politólogo Michael Penfold, en un reciente foro en Caracas, poco antes de que la Casa Blanca cancelara una licencia que durante seis meses aliviaba el castigo.
Hubo un cambio internacional que llevó a su vez a un cambio en la política exterior de Estados Unidos, agrega Penfold sobre el escenario mundial tras la agresión de Rusia contra Ucrania.
Hace ya dos años la Casa Blanca emitió otra licencia, la 41, que permite a través de Chevron el regreso del petróleo venezolano al primer consumidor mundial, mientras se iniciaba un proceso directo de diálogo entre Washington y el gobierno de Maduro. Esa licencia sigue vigente. Hoy estas sanciones lucen más bien pragmáticas, diseñadas por la Casa Blanca para quedar bien con dios y con el diablo.
Empresas trasnacionales, como la propia estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana ENI, o la francesa Total pueden seguir trabajando en Venezuela y ayudar a sacar un petróleo y gas que necesita el mundo, especialmente Europa, para reducir su dependencia de los hidrocarburos que provienen de países más conflictivos, como Rusia e Irán, por ejemplo.
Las sanciones han sido impuestas en los últimos años, desde antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, y en octubre pasado había sido aliviadas durante seis meses, a través de la Licencia 44, como respuesta a unos acuerdos firmados en Barbados entre Maduro y la oposición, para establecer una ruta electoral creíble y supuestamente con la participación de todos los candidatos que quisieran presentarse.
Se suponía que eso debería incluir a María Corina Machado, la líder de la oposición electa en primarias en octubre por mayoría abrumadora del 92% para enfrentar a Maduro.
Pero dejar participar en elecciones libres a Machado equivale para los líderes del chavismo a una rendición, a salir con las manos en alto y entregar sus fortunas, su libertad, sus prontuarios y su «revolución bolivariana» a quienes califica de enemigos irreconciliables y agentes del imperialismo.
Por eso el chavismo optó más bien en los últimos meses por arreciar su talante autoritario, perseguir y encarcelar a más políticos opositores, –especialmente los del partido Vente, de María Corina Machado-, a periodistas, a activistas y ONG de Derechos Humanos, mientras afirma que lleva adelante unas elecciones democráticas porque ha permitido que se inscriban una docena de candidatos (sin mayor arraigo popular).
La reconquista de América
Pero a lo que vamos, mientras se dirimen esos asuntos internos en Venezuela, los efectos internacionales de esa crisis no dejan de expandirse, y son tema de política doméstica para países americanos y europeos, inclusive para España, hoy el quinto destino mundial de la diáspora de migrantes y refugiados venezolanos que huyen de esa crisis que se ha vuelto una letanía.
Más conocida por su pasado como potencia petrolera, Venezuela tiene la octava mayor reserva de gas natural del mundo, casi tantas como las de Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Pero es apenas el productor número 26 del mundo, con cero exportaciones. Lo que tiene es potencial, pues, en esta industria hoy en boga porque es la energía fósil más limpia.
Rusia tiene las mayores reservas del mundo, y es también el principal productor, exportador y consumidor.
«Tras un examen atento de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el marco del acuerdo de hoja de ruta electoral, firmado por representantes de Maduro y de la oposición en Barbados en octubre de 2023», dijo en un comunicado el Departamento de Estado del gobierno Biden.
Anunciaba así el fin de la Licencia General 44, que autorizaba transacciones relacionadas y operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela, a partir de este 18 de abril.
«Nos resulta preocupante que Maduro y sus representantes impidieran a la oposición democrática inscribir a la candidata que había elegido, hostigaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil. Instamos nuevamente a Maduro a que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demora», fue el grito en el desierto.
Interés por Venezuela
Pero el gobierno de Biden deja claro que «la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también analizará solicitudes de licencias específicas para continuar actividades con posterioridad a la finalización del período de eliminación paulatino, y para ello considerará cada caso en particular».
Es ahí donde entra Repsol, y donde el asunto Venezuela interesa hasta para quien cocina una paella en Valencia, o enciende el acondicionador de aire este verano en Baleares.
En su reciente informe anual con los resultados de 2023, Repsol señala que en 2023 mejoraron las perspectivas para la operación en Venezuela «como consecuencia de la relajación de las medidas coercitivas del Gobierno de EE.UU a Venezuela» por la licencia 44.
Pero el informe ya advertía que desde enero de 2024 EE.UU ya había anunciado que en ausencia de avances entre Maduro y sus representantes y la Plataforma Unitaria de la oposición, no renovaría la licencia «lo que empeora las perspectivas futuras».
Con 131 empleados en Venezuela, Repsol tiene una exposición patrimonial de 259 millones de euros en el país, principalmente por el valor de su inversión en el negocio conjunto Cardón IV, un ambicioso proyecto que en 2011 comenzó tímidamente a explotar el gigantesco campo de gas natural Perla, en la costa occidental del país.
La firma española tiene el 50% de participación, y el otro 50% lo tiene la italiana ENI en el consorcio formado para asociarse con PDVSA y explotar esa riqueza. Este campo es uno de los cinco mayores del mundo, y el más importante descubierto en América latina, según la estatal Petróleos de Venezuela.
La principal actividad de Cardon IV es producir gas para el mercado venezolano, pero ese es un gas que podría llegar masivamente a Europa en algún momento, si hay más inversiones.
Repsol además tiene el 40% en una empresa mixta con Pdvsa (60%) explota un campo petrolero y gas llamado Petroquiriquire, en el oriente del país. En medio de las expectativas positivas de 2023, el 18 de diciembre firmó un nuevo acuerdo para aumentar la producción y de esa forma facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos, sin tener que emprender inversiones adicionales.
En octubre de 2016 Repsol firmó con Pdvsa una línea de crédito por 1.200 millones de dólares para reforzar a la empresa mixta Petroquiriquire. Ese dinero se ha pagado parcialmente con la propia producción de hidrocarburos de la empresa mixta.
Pero al 31 de diciembre pasado, la disposición acumulada (sin intereses) de esa línea de crédito era de 800 millones de dólares.
«Repsol continúa adoptando las medidas necesarias para continuar su actividad en Venezuela con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones aplicable, incluyendo las políticas estadounidenses en relación con Venezuela, y está haciendo un seguimiento constante de su evolución», dice el informe.
Un nuevo acuerdo
Este mismo miércoles 17 de abril Repsol firmó con Pdvsa un nuevo acuerdo para expandir el área otorgada a Petroquiriquire.
El presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, coronel Pedro Tellechea, dijo en ese acto que en realidad la licencia 44 permite alianzas como esta y Venezuela puede explotar sus riquezas sin problemas, por lo que la sanción no tendrá impacto en la economía.
«Miren la cara de alegría que tenemos. La estabilidad de Venezuela es única», dijo Tellechea en la firma con Repsol y cuando ya se sabía lo de la licencia y el retorno de las sanciones.
Explicó a periodistas que hay un período de gracia hasta el 31 de mayo «para que todas las empresas trasnacionales, como Repsol, y todas las que hemos venido firmando y podamos firmar hasta esa fecha, tengan la opción de pedir su licencia directa como se ha venido haciendo».
«El día de hoy ratificamos el compromiso que ambas partes tenemos en la continuación de nuestros negocios en Venezuela, apoyando el crecimiento que se traduzca en abundancia y bondades económicas para este país y para sus ciudadanos. Nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber alcanzado estos acuerdos», dijo por su parte José Carlos de Vicente Bravo, apoderado de Repsol en Venezuela, citado por los servicios de prensa de Pdvsa.
«El entendimiento ha sido claramente bueno y prueba de ello es haber firmado la extensión de campos que emana de los acuerdos firmados en diciembre de 2023. Estamos convencidos que vamos a estar bendecidos con esta nueva actividad que incorporará nuevos campos y que por lo tanto aspiran aumentar la producción petrolera de este país», agregó el español.
Techechea por su parte volvió a prometer que Venezuela producirá 1,2 millones de barriles por día (bpd) de crudo a finales de este año.
La tarea luce cuesta arriba, si se considera que en marzo la producción de Venezuela cerró en solo 809.000 barriles por día, de acuerdo a datos reportados por la OPEP.
De cualquier manera estas señales son positivas para moderar los precios en un mercado mundial sediento de nuevas fuentes de energía, fósiles o no, mientras escalan conflictos regionales como los del Oriente Medio.
Penfold, doctor en Filosofía, y Ciencias Políticas por la universidad de Columbia, señala por cierto que el colapso de Venezuela en estos 15 a 20 años «ha sido el más grave y más profundo de cualquier país petrolero con o sin guerra civil» y «no es culpa de las sanciones, para nada».
Algunos países petroleros logran recuperarse rápidamente, otros gradualmente y en Venezuela cualquier recuperación del país va a tomar como mínimo en el mejor de los casos de siete a 10 años. Esa es la mirada con la que tenemos que ver el proceso venezolano de reconstrucción institucional y económico, apunta.
Pero, para que un país petrolero como este pueda producir como hace 15 o 20 años atrás y tenga un ingreso per cápita de 12.000 dólares como antes, eso implica inversiones de más de 10.000 millones de dólares interanuales en los próximos 10 años en su industria petrolera. Ese escenario, según otros analistas, no está a la vista en este momento, con o sin licencias, con o sin elecciones libres y democráticas.
Para entender el conflicto y la crisis venezolana, más allá de las licencias a la industria petrolera hay que hacer explícitos algunos supuestos, apuntaba Penfold:
Al chavismo le importan las sanciones, «pero más le importa el poder y preservarse porque no tienen garantías».
Segundo, a Estados Unidos le importa la democracia, claro, pero también le importa el petróleo y las migraciones (según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los migrantes indocumentados venezolanos son los que suman más detenciones al entrar ilegalmente por la frontera con México, después de los propios mexicanos).
«A los europeos les importan los Derechos Humanos, claro que sí, pero también les importa diversificar sus fuentes de energía y tener acceso en el hemisferio occidental a esas fuentes de energía, incluyendo el gas», agrega Penfold.
El conflicto venezolano
Dentro de Venezuela, la oposición quisiera un cambio político rápido, de ruptura, «pero la realidad es que ese proceso va a ser gradual e involucra un proceso de negociación».
Y la población venezolana que nadie nombra pero demuestra una gran lucidez, quiere votar, porque el voto es lo único que tiene y los venezolanos están tratando de sobrevivir, sin mucho tiempo para muchas cosas, incluyendo lo político. También añora la reunificación de las familias y que se detenga la diáspora.
En la literatura, señala Penfold, también entendido en transiciones democráticas, hay una cosa «importantísima de entender: es fácil poner las sanciones, pero difícil quitarlas… son pegajosas… eso supone que cualquier proceso de remoción es implícitamente gradual y con riesgos de reversión, eso hay que entenderlo en un contexto como el venezolano».
Por estas horas se cerraba el plazo para que se inscribieran los candidatos que se supone le disputarán la presidencia a Maduro y el poder absoluto al chavismo este 28 de julio. Ya queda claro que la líder María Corina Machado, con todo su fuerte apoyo interno e internacional, queda fuera de la carrera.
En última instancia, algunos esperaban que le levante la mano a algún candidato (a la que ella designó como sustituta tampoco la dejaron). El caso es que el conflicto venezolano seguirá vivo dentro del país, y con reflejos en toda en América y en Europa, y más allá de los mercados de petróleo y gas.